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cen (1) que debe devolverse la cosa secuestrada cuando lo disponga el juez que lo ordenó, cuando el pleito se concluya, y cuando convengan los deponentes; pero los jurisconsultos limitan esta última devolución al caso en que el secuestro sea convencional. Seis casos son los que las mismas leyes (2) señalan para que tenga lugar el secuestro:

1. ° Cuando en él convienen los litigantes, que es el secuestro voluntario de que he hablado.

2. ° Cuando la cosa litigiosa es mueble, y el demandado persona sospechosa, de quien hay motivo para creer que la destruirá, deteriorará ó mudará de lugar.

3. ° Cuando el condenado en sentencia definitiva apela, y es persona que da lugar á creer que manejará mal la cosa litigada, ó que dilapidará sus frutos.

4. ° Cuando el marido malversador de sus bienes principia á venir á pobreza, en cuyo caso podrá la muger obtener del juez que aquel le entregue la dote y todos los bienes que á ella le pertenezcan, ó que se depositen.

B.° Cuando el hijo que habia recibido de uno de sus padres donación ó dote, fuere preterido por él en el testamento ó desheredado injustamente , en cuyo caso si reclama de un hermano suyo instituido por heredero la parte de la herencia paterna que se le debe, ha de afianzar que llevará lealmente á colación lo que recibió; si no lo hace, por mandato del juez se secuestrará la parte de bienes que debe heredar, señalándosele un término para que lo verifiquep de modo que, si dentro de él da la fianza, se le entregue con frutos la parte de la herencia que reclama, y si no lo hace, se devuelva la cosa secuestrada á su hermano instituido.

6.° Cuando el que estando poseído como esclavo obtiene sentencia declarándole libre, y después se promueve contienda entre él y el que se reputaba su dueño para saber á cuál de los dos pertenecían algunos bienes.

A estos casos, á que las leyes de Partidas se limitan, deben añadirse otros deducidos ya de diferentes disposiciones legales, ya do la práctica admitida sin contradicción: asi es que siempre que se trata de cumplir una sentencia ejecutoriada en que se condena á alguno al pago de una cantidad, ó de hacer efectivas las costas de un juicio, ó de conseguir por la via ejecutiva el pago de sumas en virtud de documentos que traen aparejada ejecución, ó de asegurar la

(1) Ley 5. tit. III, Part. V.

(2) Ley 1, tit. IX, Part. III.

condenación pecuuiaria en una causa criminal, se procede al embargo y secuestro de bienes en cantidad bastante á responder de los intereses que se quieren garantir; 6 igualmente se procede al secuestro cuando se teme que estando en poder de uno de los litigantes la cosa disputada, puedan ambos venir á las manos, ó que, inspirándose mutuamente desconfianza, ninguno quiere que su contrario sea el que administre la cosa litigiosa.

Hállase ademas establecido que el depósito de las cosas que, apreciándose en el comercio por su peso, número y medida, admiten función en otras de su especie, trasmite el dominio y la posesión al depositario sin éscepcion alguna (i), y por lo tanto que este viene á convertirse en mutuatario.

Aunque por regla general el depositario solamente responde del dolo y de la culpa lata ó de la leve en los casos que se ha espuesto al _ hablar del derecho romano (2), está espresamente declarado que si el depósito se hubiere constituido principalmente en utilidad del depositario, debe este indemnizar al deponente no solo de los daños ocurridos en la cosa por la culpa levísima, sino también por caso fortuito (3): lo primero tiene esplicacion atendida la teoría de la prestación de culpas que adoptaron las Partidas; lo segundo está fuera de todo su sistema. En los demás puntos relativos al depósito y secuestro se hallan nuestras leyes conformes con las romanas (4).

Sustancialmente están también conformes respecto á las prendas ó hipotecas (5). Hay, sin embargo, algunas cosas especiales en nuestro derecho que merecen considerarse con alguna detención.

Es opinión común de nuestros jurisconsultos antiguos, basada en el derecho canónico, que el pacto anticresis ó anticreseos no es válido, como que implícitamente lleva envuelto el carácter de usurario. Necesario es confesar que no hay ninguna ley que lo apruebe ni lo repruebo, y que por lo tanto esta cuestión es la misma que la que antes queda tratada al hablar del préstamo con interés. Por esto en" los tiempos modernos se ve que los escritores reputan válido el referido pacto, y que la jurisprudencia lo admite, sosteniéndolo solo en la parte en que guardan proporción los frutos con el interés legal del dinero, y pudiendo el deudor reclamar el esceso ó exigir que se impute en el pago del capital. Sin embargo, este pacto no es muy frecuente, sin duda porque es mas útil al que da el dinero

(1) Leyí.tit. m.Part. V.

(2) Ley 3 del mismo titulo y Partida.

(3) Ley 4 del mismo titulo y Partida.

(i) Tit. IX, Part. III: tit. III, Part. V; y tit. XXV, lib. XI de la Noy. Rcc.

(5) Tit. XIII, Part. V.

hacerlo con pacta do retro ó á carta de gracia, por cuyo medio so liberta de que se le susciten cuestiones acerca de si es ó no usurario el contrato.

Respecto á las hipotecas legales está declarado espresamento (1) que la que tienen los hijos sobre los bienes del padre, como administrador de lo que á aquellos ha cabido por parte de su madre ó de sus ascendientes maternos, no es estensiva al caso en que los mismos hijos sean los herederos del padre. Por el contrario , se estiende la hipoteca tácita no solo al que dió alguna cantidad para reconstruir un edificio, como por derecho romano se verificaba, sino también al que la prestó para repararlo ó hacerlo de nuevo , lo cual debe entenderse también de la construcion , reparación y armamento de una nave.

Respecto á la prelacion de los acredores en las prendas é hipotecas debo observar ante todas cosas, que para que valga la hipoteca constituida sobre bienes raices se exige escritura pública (2), y que se tome de ella la correspondiente razón en el oficio de hipotecas (3). Los dueños de las tierras dadas en arrendamiento son preferidos á todos los demás acreedores de cualquier calidad que sean, por lo respectivo á los frutos que produzcan las fincas arrendadas (4).

También se considera como esencial en la prenda ó hipoteca que tenga facultad de enagenarla aquel á cuyo favor se constituyó, cuando no se le satisfaga la deuda. Si la obligación tuviera plazo, pasado este no podrá el acreedor vender la cosa sin avisar antes al deudor, y en su ausencia á su familia , y entonces deberá hacerse la venta en almoneda y devolver al deudor el esceso (5): si no hubiere plazo prefijado para el pago, después de hacer el acreedor la intimación al deudor para que redima la cosa, dejará pasar doce dias en las cosas muebles y treinta en las inmuebles antes de proceder á la enagenacion; y por último, si se hubiere pactado que no se enagenase la cosa empeñada ó hipotecada, esto no será obstáculo para que se venda, pero después de tres requerimientos y de trascurrir desde el último dos años (6). El mismo acreedor no puede comprar la prenda sin consentimiento de su dueño; poro si después de sacar esta á pública subasta no saliere comprador, podrá entonces acudir al juez para que se le adjudique, y este deberá hacerlo teniendo en consideración la cantidad á que ascienda la deuda y el valor de la cosa empeñada ó hipotecada, para que el acreedor, reintegrándose de lo que se le debe, devuelva el esceso, si

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lo hubiere, ó para que, en el caso de valer la cosa menos que la cantidad á que asciende la deuda, quede al deudor salvo su derecho por la cantidad que hubiere de diferencia (1)..

La teoría que he desenvuelto respecto á los contratos que los romanos llamaban innominados debe tenerse por modificada entre nosotros , al menos en parte, por la célebre ley del Ordenamiento (2), de que ya se ha hecho mención, en virtud de la que todo pacto serio y deliberado tiene fuerza y produce acción eficaz á favor del que, dispuesto en su caso á cumplirlo, exige el cumplimiento de la otra parte. Por lo tanto el arrepentimiento, juspcenitendi, que , como se ha visto, estaba admitido por derecho romano en los contratos doy para que des, doy para que hagas, no tiene lugar en el nuestro por la mera voluntad del que dió; pero debe tenerse presente que el que por su parte no ha cumplido ó no está dispuesto á cumplir un contrato, no puede pedir que lo lleve á cabo la contraria, porque en los contratos bilaterales se entiende que cada uno se obliga con la condición implícita de que aquel con quien contrajo dé ó haga lo que prometió.

Del mismo modo que, según se ha visto en el título anterior, hay contratos que se perfeccionan por la tradición de la cosa, así también otros tomaban su fuerza entre los romanos de la congruencia y solemnidad de las palabras con que se otorgaban. La congruencia y solemnidad de palabras es en ellos la causa de la obligación, y lo que viene á separarlos de los pactos que, como queda dicho, no producían obligación civil que ligara á los contrayentes. Esta obligación de palabras, á que los romanos llamaron estipulación, era una forma general de contraer las obligaciones, que servia á las veces para preparar otros contratos, por ejemplo, el de mutuo ó el de comodato, porque, según ya se advirtió, antes de que se entregara la cosa que se habia ofrecido dar por la fórmula solemne de la estipulación, no se constituía el contrato real, sino que solamente había uno verbal por el que podía ser exigido el cumplimiento del primero; diferencia que no es una mera cuestión de palabras, como algunos quizá creerán al primer golpe de-vista, sino que produce tanta diversidad en sus

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efectos cuanta hay en las consecuencias de cada uno de los contratos referidos.

Antiguamente existían tres clases de contratos verbales: la que los romanos llamaban dolis dictio; la promesa que el liberto hacia con juramento á su patrono de prestarle sus servicios, promissio operarum, y la estipulación. De la dictio dotis se ha hablado ya antes de ahora (1), del .mismo modo que de las obras de los libertinos. Estas dos especies de contrato verbal tenían un objeto particular, y quedaban completas tan luego como aquella de las partes que quería obligarse manifestaba su voluntad sin ser interrogada por la otra. Al contrario, la estipulación era un modo general de obligarse que comprendía toda clase de convenciones licitas, con cuya fórmula podia también prometerse la dote y las obras de los libertos, y que exigía palabras eongrpentes entre los que estipulaban y prometían. La dotis dictio no existía ya en tiempo de Justiniano.

La obligación verbal se contrae por medio de una pregunta y una respuesta cuando estipulamos que se nos dé ó se nos haga alguna cosa (o). De ella nacen dos acciones: la condiccion si la estipulación tiene por objeto una cosa determinada, y la acción ex stipulatu cuando la cosa es indeterminada (b). La palabra estipulación viene de stipulum, que entre Tos antignos quería decir cosa firme (c) , cuya raiz probablemente vendrá, á stipité (tronco).1 ■.

Verbis obligatio contrahitur ex interrogatione ct responsione, cum quid dari fierive nobis stipulamur (a). Ex quá du¡e proficiscuntur actiones, tam condictio, si certa stipulatio , quain ex stipulatu, Si incerta (f>). Quse hoc nomine inde utitur, quod stipulum apud veteres firmúm appellabatur (c), forte á stipité descendens. •

OHIGKNES. •

(n) Copiado de Cayo. (J. 7, ley t, tit. VII, lib. XLlVdel Dig.)
(6) Conformo con Vjlpiano. (Ley 24, tit. I, l¡b. XII del Dig.
(c)' Tomado- de Panlo. (g. I, tit, VII, lib. V de sus Sentencias.)

Comentarlo.

Verbis obligatio. La obligación verbal, de que esclusivamente trata Justiniano en las Instituciones, y a quo se da el nombre de es~ tipxdacion, puede ser definida: contrato por el que uno preguntando obliga al que le contesta congruentemente ú dar ó á hacer alguna cosa. . * •

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